El Gobierno de Milei cierra el INADI en su lucha por reducir el Estado

El Presidente Milei avanza con el cierre del INADI en su plan de reducción estatal, generando debate sobre el impacto social y político.

 

El Gobierno nacional, liderado por el Presidente Javier Milei, anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), como parte de una estrategia más amplia de reducción del Estado. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, esta decisión se basa en la percepción de que estos institutos no están cumpliendo eficazmente con su propósito inicial y podrían estar siendo utilizados con fines partidistas.

El INADI, fundado en 1997 con el objetivo de combatir la discriminación en todas sus manifestaciones, será el primero de varios institutos en ser clausurado, según adelantó Adorni. Se argumenta que estas instituciones no están logrando sus objetivos y, en cambio, podrían estar contribuyendo a la creación de empleo militante y al mantenimiento de estructuras poco eficientes.

Aunque el cierre del INADI estaba contemplado en un proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso el año anterior, este fue retirado al no obtener los votos necesarios. Sin embargo, ahora se avanza con su cierre a través de medidas administrativas. El organismo, que cuenta con 400 empleados y oficinas en todo el país, será intervenido por 180 días mientras se realizan los trámites para su cierre definitivo, con María de los Ángeles Quiroga designada como interventora.

Adorni reconoció que los procesos burocráticos podrían retrasar el cierre, pero aseguró que el Presidente Milei está comprometido con la reducción del Estado y que se están evaluando otros institutos para su eliminación. El cierre de cada instituto requerirá un análisis jurídico particular, y algunos serán clausurados por decreto mientras que otros mediante decisiones administrativas de los ministros.

Respecto a los trabajadores afectados por estos cierres, Adorni afirmó que se tomarán decisiones caso por caso, priorizando el interés de los contribuyentes argentinos. Esta medida ha generado debate tanto en el ámbito político como en el social, con opiniones encontradas sobre su impacto y eficacia.

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