La medida busca reducir costos, simplificar procesos y garantizar trazabilidad legal.

En un nuevo paso hacia la desburocratización del Estado, el Gobierno nacional modificó la normativa que regula el desarmado de vehículos y la comercialización de autopartes, al establecer la digitalización total del trámite para registrar un automotor a desarmar.

La resolución quedó formalizada mediante el Decreto 428/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y modifica la Ley 25.761. El cambio introduce una plataforma digital que permitirá a los interesados cargar la documentación requerida y las fotografías del vehículo directamente en línea, dejando atrás la obligación del trámite presencial con entrega de papeles físicos.

La Dirección Nacional de los Registros del Automotor será la encargada de implementar el nuevo sistema. Hasta que la plataforma esté plenamente operativa, seguirá vigente el sistema actual.

El nuevo esquema elimina una serie de requisitos considerados obsoletos. A partir de ahora, para cada vehículo ingresado a desarme solo será obligatorio registrar la marca, modelo, número de pieza y el certificado de baja. Las partes no aptas para reciclaje deberán ser destruidas, mientras que las reutilizables deberán ser correctamente identificadas.

Antes, además de estos datos, se exigían detalles como el tipo de combustible, país de fabricación, destino final de cada pieza e identificación exhaustiva de las autopartes, lo que según el Gobierno entorpecía la operatoria de quienes integran el Registro Único de Desarmaderos.

En el decreto, el Ejecutivo argumentó que las reformas apuntan a reducir costos operativos, agilizar trámites y mejorar la trazabilidad, con el foco puesto en la legalidad del procedimiento y el combate al mercado negro de autopartes. La medida se enmarca en los principios de eficiencia, transparencia y modernización del Estado, impulsados por la actual gestión.

“Las exigencias previas devinieron obsoletas frente a los avances tecnológicos disponibles y generaban duplicaciones innecesarias que no aportaban al control efectivo”, argumentaron.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca reforzar el seguimiento de los vehículos dados de baja y cerrar brechas legales que puedan facilitar maniobras ilícitas, como la venta de piezas robadas o sin origen claro.