La Unidad de Evaluación de Impacto, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, informó que entre diciembre de 2023 y abril de 2025 se desvincularon 47.925 trabajadores de la Administración Pública Nacional y empresas estatales. La Casa Rosada cifra el ahorro en sueldos y costos indirectos en US$1.885 millones anuales.
El Gobierno de Javier Milei puso números a la promesa de “achicar el Estado”: en los primeros 17 meses de gestión desaparecieron 47.925 empleos públicos, lo que equivale a una reducción del 9,6 % de la plantilla nacional. El dato surge de un informe oficial elaborado por la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Armando Guibert.
La poda se concentró en dos frentes.
-
Administración Pública Nacional (APN): recorte del 13,7 %.
-
Empresas estatales: tijera del 16,4 %.
Según el documento, la motosierra no discriminó modalidades de contratación. La planta permanente y la transitoria retrocedieron un 8 %, pero los golpes más duros cayeron sobre los contratos Ley Marco (-20 %) y los LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17), que se desplomaron un 55,2 %.
El Ejecutivo calcula que el ajuste produce un ahorro directo de US$942,5 millones en salarios. Sin embargo, agrega que “el costo total de cada empleado duplica su sueldo” por infraestructura, insumos y servicios asociados; de allí surge el ahorro anual “completo” de US$1.885 millones que hoy celebra la Casa Rosada.
El detalle por tipo de vínculo respalda la contabilidad oficial:
| Régimen laboral | Ahorro en sueldos (US$ millones/año) | Ahorro total estimado (US$ millones/año) |
|---|---|---|
| Ley Marco | 231 | 462 |
| Planta permanente + transitoria | 254 | 508 |
| Contratos LOYS | 67 | 134 |
En el Gobierno atribuyen la poda a la meta de “eficiencia y austeridad” y anticipan más despidos y cierre de áreas “que no cumplan una misión esencial” antes de fin de año.
Las sombras del recorte
Aunque el Ejecutivo festeja el ahorro, los gremios estatales y especialistas advierten sobre efectos colaterales:
-
Desgaste operativo: organismos clave —como ANSES, Aduana y SENASA— denuncian falta de personal para tareas estratégicas.
-
Juicios y reinstalaciones: la ola de desvinculaciones ya generó presentaciones judiciales por cesantías consideradas arbitrarias; los fallos adversos podrían licuar parte del ahorro.
-
Demanda social: la reducción se da en un contexto de caída del salario real y aumento de la pobreza, lo que para la oposición “acelera la recesión”.
Mientras tanto, la administración Milei redobla la apuesta: planea avanzar con más digitalización, programas de retiro voluntario y la privatización de empresas públicas para profundizar el ajuste. La tensión entre la hoja de cálculo y el impacto social promete nuevos capítulos.
