El DNU está en marcha desde las 00 de este viernes, sin que la Justicia haya dado curso a reclamos de medidas cautelares.
En medio de fuertes cuestionamientos, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei para la desregulación económica, se hace efectivo este viernes, enfrentando la resistencia de al menos 30 amparos presentados ante la Justicia argentina. Organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos particulares han expresado su rechazo, buscando suspender los efectos de un decreto que ha generado un amplio debate.
El fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido al menos 25 amparos, mientras que la CGT y la CTA han presentado dos ante la Justicia del Trabajo. El juez Esteban Furnari rechazó una medida cautelar, argumentando que las disposiciones del DNU aún no han entrado en vigencia, marcando el inicio de un proceso legal que promete ser complejo.
El Gobierno incluyó una cláusula de ratificación del DNU, algo que implica el “reconocimiento” por parte del Poder Ejecutivo de que no hay motivos para que las reformas propuestas no se traten en el Congreso.
La CGT ha apelado la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet, quien desestimó una medida cautelar vinculada a la reforma laboral propuesta por el DNU. La apelación marca el inicio de la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en un caso que aborda directamente las normas laborales.
En la gran mayoría de los amparos consideran al decreto de Milei como “inconstitucional.
Sindicalistas argumentan que el DNU busca introducir modificaciones permanentes sin el respaldo del Congreso, solicitando medidas cautelares para proteger los derechos laborales. Este enfrentamiento legal se convierte en un escenario crucial en el que se definirá el alcance y la validez del DNU 70/2023 en Argentina.
