La disputa por las transferencias jubilatorias entre Santa Fe y el gobierno nacional alcanza dimensiones colosales, desatando tensiones entre el Ejecutivo y los gobernadores en un escenario marcado por decisiones radicales.
Santa Fe es una de las trece provincias que reclamó al gobierno nacional por las transferencias para el pago de jubilaciones especiales, una cifra de dimensiones gigantescas cuya financiación enfrentó al Ejecutivo con los gobernadores en los últimos gobiernos.
A diferencia de sus antecesores, cuando Javier Milei asumió la presidencia directamente suspendió los giros que realizaba Anses a 13 cajas administradas por las provincias y no transferidas, lo que disparó los reclamos. La medida quedó plasmada en el DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, mediante el que se dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023.Las transferencias por las cajas jubilatorias especiales es una de las cartas que se reserva el Ejecutivo para negociar con los gobernadores, dado que es una cifra que asciende a unos 5.600 millones de dólares, siendo una deuda que hasta que no se salde la discusión deberá ser absorbida por los tesoros provinciales.
La normativa, en tanto, abrió un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Gobierno y las provincias. Fue tomada en la previa al encuentro entre funcionarios nacionales y los gobernadores previsto para el 4 de abril, en una de las reuniones convocadas para preparar el terreno hacia el encuentro denominado Pacto de Mayo, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba.
La medida impacta en la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. Pero fue la provincia del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro la primera en pronunciarse al respecto.
El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei y la tildó de “una apropiación indebida de fondos” en una entrevista con el diario La Capital, además de que obliga a las provincias a liquidar esos haberes.
El funcionario planteó que el decreto responde a “otra trastada del presidente” y puntualizó que “mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias”. Por tanto, indicó que la provincia evalúa judicializar la medida.