El Gobierno argentino investiga pagos indebidos a víctimas y sus familiares.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció los primeros resultados de las auditorías realizadas a las indemnizaciones otorgadas a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Con más de 22.500 expedientes bajo análisis, se han descubierto irregularidades significativas, incluyendo pagos indebidos y documentación falsa.

La investigación revela que el monto promedio de las indemnizaciones es de $80.000.000, pero también señala el reconocimiento de beneficios por una suma total de $14.261.528.925, a pesar de las denuncias por irregularidades. La jueza María Eugenia Capuchetti ha ordenado el embargo de bienes valuados en $200.000.000 pertenecientes a uno de los procesados, mientras que otro abogado involucrado ha sido notificado de su procesamiento firme y el embargo de sus bienes.

La Justicia está investigando una supuesta asociación ilícita dedicada a fabricar documentación falsa para aquellos que simulaban ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura militar. Estas acciones fraudulentas llevaron a procesamientos por estafa al Estado y existen otras causas penales en curso por pagos duplicados o realizados a personas sin documentación respaldatoria, incluso a familiares que residían en el extranjero y no estaban desaparecidos.