El ministro Gonzalo Amondarain explicó que el acuerdo firmado por el gobernador Claudio Poggi con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) agiliza la resolución de siniestros laborales en un plazo máximo de 60 días, descentraliza las comisiones médicas y reduce costos para las empresas.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, detalló los alcances del convenio firmando el pasado viernes 30 de agosto por el gobernador Claudio Poggi y el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Gustavo Morón. El acuerdo permite que, en lugar de esperar años en la Justicia, los conflictos por accidentes o enfermedades laborales se resuelvan primero en una etapa administrativa ante comisiones médicas. Si no se llega a un acuerdo, cualquiera de las partes aún podrá acudir a la sede judicial, pero deberá haber transitado obligatoriamente el procedimiento administrativo.

Adhesión a la Ley Provincial N.º 1.149
Amondarain explicó que la adhesión se inscribe en la Ley Provincial N.º 1.149, sancionada en noviembre del año pasado, que incorporó la Ley Complementaria de Riesgos de Trabajo de la Nación. Con esta firma, San Luis deja de ser una de las provincias que aún no habían adherido; tras el convenio quedan solo seis jurisdicciones en la lista (Santa Cruz, Chubut, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán). “A partir de hoy, San Luis se incorpora al grupo de provincias más competitivas en materia de riesgos laborales”, remarcó el funcionario.

Comisiones médicas descentralizadas y plazos de resolución
El convenio habilita la creación y puesta en marcha de las comisiones de auditoría médica en las jurisdicciones Segunda y Tercera, con sedes operativas en Villa Mercedes y Concarán, respectivamente. En la Primera Circunscripción (ciudad de San Luis), la comisión ya existía, pero ahora se convierte en un trámite obligatorio antes de recurrir a la Justicia.

• Plazo máximo de 60 días: Las comisiones deben emitir un dictamen en ese lapso.

• Etapa administrativa preferente: Si no hay conformidad, el caso puede elevarse a la Justicia.

• Asistencia jurídica gratuita: Disponible para trabajadores que carezcan de recursos.

Según Amondarain, estos cambios brindan múltiples beneficios:

“Para los trabajadores, la resolución de conflictos en sede administrativa es muy veloz y garantiza que sus derechos se resuelvan sin esperar años en los tribunales. Para las empresas, significa menores costos en el seguro de Riesgos del Trabajo y un incentivo para invertir en la provincia. El Gobierno, en tanto, gana transparencia y fortalece la prevención.”

Ventajas para los empleados

1. Rapidez en la resolución: El conflicto no quedará detenido por tiempos judiciales extensos.

2. Proximidad geográfica: Con tres circunscripciones cubiertas, un trabajador accede a la sede más cercana a su domicilio.

3. Asistencia jurídica gratuita: Apoyo legal para quienes lo requieran.

De este modo, el trabajador que sufra un accidente o presente una enfermedad laboral será examinado por la comisión médica correspondiente. Si concluye que merece una indemnización o cobertura, se dictamina en 60 días. Solo si la parte afectada disiente —empresa o trabajador—, se puede llevar el caso a la vía judicial.

Impacto en el sector productivo
Desde el sector empresarial, el ministro destacó que la adhesión a esta ley reduce notablemente el costo de contratación de ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) para las compañías que se instalen o ya operen en San Luis. En comparación con otras provincias, el gasto por siniestros laborales es más bajo, lo que incrementa la competitividad industrial. Asimismo, el convenio promueve la prevención de riesgos mediante capacitaciones y controles periódicos, reduciendo la cantidad de accidentes y, por ende, el número de reclamos.

“Antes, las empresas se quejaban porque las consultas demoraban años y elevaban los costos. Hoy, con la resolución prejudicial, se sabe que en dos meses el conflicto queda resuelto o pasa a la Justicia. Esto atrae a nuevos inversores y genera más empleo local.”

Beneficios para el Estado provincial
Para el Gobierno de San Luis, la medida implica:

• Reducción de litigios prolongados: Menos casos acumulados en tribunales.

• Transparencia en el uso de fondos: Las comisiones médicas funcionan con protocolos nacionales y controles externos.

• Fomento de la prevención: La SRT capacitará a médicos, abogados y administrativos, elevando los estándares de seguridad en el trabajo.

Amondarain recordó que la vigencia del convenio se activará a los 180 días de su firma, período en el cual el Ejecutivo y la SRT dotarán de oficinas físicas y personal idóneo (médicos, abogados y administrativos) en cada sede. “Los profesionales serán capacitados por la SRT para garantizar uniformidad en el procedimiento”, agregó.

¿Qué viene ahora?

• Habilitación de sedes: En San Luis, Villa Mercedes y Concarán.

• Contratación de personal: Médicos especialistas en riesgos de trabajo y abogados con experiencia en litigios laborales.

• Capacitación conjunta: La SRT ofrecerá cursos de formación para el personal provincial que integrará las comisiones.

Con este convenio de colaboración, la provincia busca cerrar la brecha que la ubicaba rezagada en materia de resolución de conflictos laborales, al mismo tiempo que fortalece su atractivo para inversores. Los trabajadores, por su parte, ganan agilidad y cercanía en la defensa de sus derechos, mientras que las empresas se aseguran de operar en un entorno más previsible y con menores costos.

En definitiva, para el ministro Amondarain, la medida “reafirma el compromiso de San Luis con la protección social y el desarrollo económico equilibrado”, y consolida un modelo que, a su juicio, convierte a la provincia en una de las más avanzadas en la adhesión a las normas nacionales de Riesgos del Trabajo.