Nancy Sosa, ministra de Seguridad, presentó denuncias contra Luciano Anastasi, Claudio Latini y Ernesto Alí por fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Contratos para refacción de dependencias policiales no fueron ejecutados.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, ha presentado una denuncia por fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes contra tres ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Los acusados son los ex ministros de Seguridad, Luciano Anastasi y Claudio Latini, y el intendente de La Toma y diputado nacional electo, Ernesto Alí.

La nueva gestión descubrió que Alí había recibido cuantiosos adelantos financieros en el marco de un contrato con el Gobierno provincial para llevar a cabo obras de refacción en dependencias policiales. Sin embargo, las obras nunca se realizaron.

La denuncia señala una serie de contratos firmados con la Municipalidad de La Toma para la refacción y reacondicionamiento del destacamento del cuartel de bomberos, el sector de Criminalística, Investigaciones y Canes, la Comisaría de la Mujer y el comedor de la Unidad Regional. Un relevamiento realizado por la arquitecta Leila Vega reveló que, a pesar de los adelantos abonados de manera excesiva, las obras quedaron en estado de absoluta decrepitud y abandono edilicio.

Anastasi y Latini son señalados como responsables de la contratación, el pago adelantado excesivo y la falta de control sobre las obras. En el caso de Alí, se le acusa de ser el contratista que no cumplió con los trabajos.

Ante la falta de actividad, a fines de 2023 se rescindieron los contratos, obligando al Municipio a entregar las obras en el estado en que se encontraban. A pesar de ello, una buena parte de los fondos comprometidos ya había sido pagada, y los trabajos no avanzaron “siquiera en un 1%”, constituyendo un claro caso de fraude a la administración pública.