La Resolución 645/2025 obliga a las empresas de medicina prepaga a presentar cada suba a la Superintendencia de Servicios de Salud antes de notificarla a los usuarios. El Ejecutivo busca frenar aumentos “excesivos” tras un 2024 de descontrol tarifario.

Ni globos de colores ni promesas de libre mercado: llega el zapatazo regulatorio. Con la Resolución 645/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional ordena a las empresas de medicina prepaga informar cualquier aumento de cuota a la Superintendencia de Servicios de Salud antes de mandarle el clásico mail de “ajuste” al afiliado.

El texto no deja margen para la viveza criolla:

“La comunicación a la Superintendencia debe efectuarse dentro del mismo plazo previsto para la notificación a los afiliados. El incumplimiento hará inválida la posterior comunicación a los usuarios”.

En buen castellano: si la prepaga no avisa primero al Estado, el aumento queda en el limbo.

Por qué ahora

• 2024 fue un festival de remarcaciones. El Gobierno denunció “abusos”, inició sumarios, pero las cuotas subieron igual.
• La nueva jugada apunta a tener la planilla de Excel antes de que estalle el WhatsApp de quejas y, si huele a desmesura, tratar de frenarla.

El doble filo

• Para las prepagas: burocracia extra y un posible freno si la Superintendencia detecta “excesos”.

• Para los afiliados: al menos sabrán que alguien revisa antes de pasar la gorra, aunque no hay garantía de congelamiento real.

Lo que sigue

La Superintendencia deberá armar un fast track de control tarifario. Si la experiencia pasada sirve de guía, el lobby de la medicina privada ya afila recursos administrativos y cautelares. Mientras tanto, los usuarios miran el home banking y se preguntan si la próxima factura llegará con “ajuste supervisado” o con el mismo susto de siempre.