Senadores provinciales derogaron la “ley parajes” vigente por el exgobernador Alberto Rodríguez Saá que permitía la salida anticipada de delincuentes condenados.
A instancias de los bloques Cambia San Luis y los unipersonales dialoguistas, el Senado aprobó la derogación de la Ley N° I-1044-2020 de desarrollo de proyectos productivos y/o económicos de personas condenadas en parajes de la provincia.
La llamada “Ley de parajes” impulsada durante la pandemia por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá habilitaba un sistema de liberación anticipada de condenados, a través de la presentación por parte de los internos de proyectos productivos a fin de desarrollarlos en parajes.
Este martes pasado el mediodía, bajo la presidencia del vicegobernador Ricardo Endeiza, y tras haber recibido media sanción el pasado miércoles 5 de junio por unanimidad de los presentes en Diputados, quedó cerrado el trámite parlamentario.
El bloque Unión por San Luis, alineado con el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá no estuvo de acuerdo con dejarla sin efecto. Hugo Olguín (Chacabuco), Juan Torres (Pringles), Sergio Moreira (Dupuy) y Mariana Cruz (San Martín) votaron en contra.
Martín Olivero (Pueyrredón), Sergio Guardia (Junín) y Adolfo Castro Luna (Pedernera) de Cambia San Luis, más Diego García (Ayacucho) y Carlos García (Belgrano), ambos con bloques unipersonales, votaron a favor.
Plantearon la inconstitucionalidad de la norma porque se contradice con la Constitución Nacional y la legislación penal vigente. La ley 24.660 establece que los regímenes de libertad condicional y asistida son competencias exclusivas del Gobierno nacional y no pueden ser alterados por legislaciones provinciales.
“La ley debilita la función esencial del juez de ejecución penal porque no lo tiene en cuenta a quien es el responsable de garantizar el cumplimiento de las penas impuestas. Al transferir esta competencia a funcionarios provinciales, se desvirtúa el rol judicial, se trasciende el límite entre poderes, se crea un sistema donde el control y la supervisión judicial son mínimos y hasta inexistentes”, planteó Adolfo Castro Luna.
Según la información pública del ministerio de Seguridad, solamente había una persona cumpliendo una pena en un paraje de los 200 que tiene la provincia, aunque no hay registro de geolocalización ni se sabe dónde se encuentra.
“Este desdibujamiento de la función judicial no solo es inconstitucional, sino también que pone en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos”, manifestó el legislador de Villa Mercedes.
La derogación de la “Ley de parajes” fue promovida por el gobernador Claudio Poggi y formó parte del paquete de iniciativas que anunció ante la Asamblea Legislativa y luego remitió.
Por su parte, desde la oposición remarcaron que la ley “no está bien hecha, pero se podía haber mejorado”.
“No podemos dejar pasar que este Gobierno podría tener algún tipo de alternativa. Es necesario hacer una inclusión en la sociedad a la gente que se la excluye”, indicó Sergio Moreira.
Desde el albertismo, se hicieron eco de las declaraciones del diputado de Cambia San Luis, Charly Pereira quien dijo que la “Ley de parajes” fue hecha a medida del ex poliministro Sergio Freixes condenado en dos instancias, por el Tribunal Oral Federal y la Cámara de Casación, por hacer firmar de manera anticipada la renuncia a jueces durante el primer Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Hugo Olguín mostró primero el malestar por los dichos del diputado del PRO y después Moreira quien dijo que su cuñado Freixes podía ir a dar explicaciones al cuerpo.
Por último, Castro Luna fue tajante: “La implementación de esta ley, sin un adecuado control judicial, abre la puerta a la impunidad, que la impunidad es un fenómeno multidimensional, no solo se refiere a la falta de castigo por los delitos, sino que también afecta gravemente la percepción de seguridad y de justicia que va a tener la sociedad”.