Usaban sindicatos como fachada y campos rurales para mover la droga y lavar dinero en Villa Mercedes.

Juan Carlos Insúa y Diego “El Gaucho” Funes están acusados de liderar dos organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos en la provincia de San Luis. Durante seis meses de investigación, la Justicia federal estimó que lavaron al menos $2.200 millones, usando sindicatos y predios rurales como fachada.

Insúa —exmilitante del kirchnerismo y delegado sindical en Villa Mercedes— habría utilizado estructuras gremiales para encubrir la logística del narcotráfico. En paralelo, Funes montó su centro de operaciones en un campo de jineteadas donde, según la fiscalía, distribuía cocaína a revendedores en barrios populares.

La investigación reveló que en 2023, Insúa fue designado como delegado normalizador de dos gremios: SOFECA y FeTARA, con aval nacional. Una vez instalado en San Luis, alquiló un terreno de 12 hectáreas ubicado estratégicamente entre las rutas 8 y 33. Oficialmente, iba a ser un camping sindical. En la práctica, fue un búnker narco.

La propiedad contaba con casa, galpones, pileta tipo tanque australiano y acceso directo a rutas clave para el transporte de droga. Allí se reunía con Funes para entregarle cargamentos de cocaína que luego este distribuía en Villa Mercedes.

“En tres meses estamos en otra galaxia”, le decía Insúa a su socio Ramallo, confiado en que estaban construyendo su “propio imperio”.

Funes, apodado “El Gauchómetro”, se presentaba como organizador de jineteadas y comisionista ganadero. Su campo, la “Quinta Las Palmeras”, fue escenario de eventos folklóricos con premios en efectivo y presencia de jinetes de todo el país. Pero según la fiscalía, era el centro logístico de la red narco.

El predio está ubicado en calle Nelson 2904. Lo administraba su suegra, Rosa Oga, y desde allí salía la droga que abastecía a los barrios Eva Perón I y II. A pesar de declarar ingresos mensuales por 8 millones de pesos, Funes no pudo justificar la compra del campo ni las cinco camionetas 4×4 secuestradas durante los allanamientos.

Insúa tiene un pasado político ligado al kirchnerismo: militó con Florencio Randazzo y apoyó públicamente a Alberto Fernández en 2019. Aunque nunca ocupó cargos oficiales, usó su estructura gremial para ganar terreno en San Luis.

Ambos están procesados como jefes organizadores de tráfico de estupefacientes, con penas que van de 8 a 20 años de prisión. La causa incluye a más de una docena de implicados y fue impulsada por Gendarmería Nacional y la Policía de San Luis, que realizaron los allanamientos clave el 21 de mayo.

“Acá hay una mafia instalada”, advirtieron fuentes judiciales. “Los jefes están identificados, pero la red no se detiene ahí”.