Apuntan a quienes incumplieron normas de limpieza, cerramiento y pagos de multas.

La Municipalidad de San Luis avanza con una medida drástica contra propietarios de terrenos baldíos en estado de abandono: iniciará entre 30 y 40 juicios de apremio por incumplimientos reiterados en materia de limpieza, desmalezado, cerramiento y pago de multas.

El subsecretario de Infraestructura, Planeamiento y Desarrollo Urbano, Andrés García, explicó que se trata de contribuyentes que han sido notificados e intimados en varias ocasiones, sin obtener respuesta ni regularización de su situación.

“Es una instancia a la que no queríamos llegar. Pero estos predios afectan la salud pública y el bienestar de los vecinos”, explicó García.

El proceso judicial se definió tras una reunión realizada a comienzos de junio entre representantes del área legal, de ingresos públicos y el juez municipal de Faltas, Alejandro Ferrari. Se resolvió avanzar con juicios en los casos más graves, donde los baldíos no solo permanecen sin mantenimiento, sino que generan problemas sanitarios, inseguridad y desvalorización urbana.

Desde el inicio de su gestión, el intendente Gastón Hissa impulsó un programa de regularización de terrenos baldíos. En total, se intimó a más de 300 propietarios: 90 ya cumplieron con las normas, mientras que otros están en proceso. No obstante, una parte significativa continúa en infracción.

“Tenemos casos de terrenos grandes, en zonas densamente urbanizadas, que representan un riesgo sanitario real. En esos casos, no hay más margen”, afirmó García.

La mecánica de control comienza con la inspección del área de Obras Públicas, que redacta el acta, coloca cartelería y da un primer plazo al propietario. Si no hay respuesta, el expediente pasa al Juzgado de Faltas, que brinda una segunda oportunidad antes de aplicar sanciones e incorporar la deuda al sistema de Ingresos Públicos municipales.

En algunos casos extremos, el municipio realiza la limpieza con recursos propios y luego traslada el costo al titular en la boleta de servicios. Pero no todos pagan, y eso termina derivando en un conflicto legal que, además, implica el uso de fondos públicos para remediar un incumplimiento privado.

García agregó que en muchas oportunidades son los vecinos quienes denuncian la situación, ante la proliferación de alimañas, acumulación de basura o peligros para los niños del barrio.