Indagarán en Villa Mercedes a un abogado y a una escribana por estafas

Los acusan, entre otros delitos, por tratar de influir en un juez que investigaba a una familia por lavado de dinero.

Luego de tres años y medio, de pasar de la Justicia Provincial a la Federal, un abogado y su esposa escribana fueron llamados a declarar por “Estafa procesal en grado de tentativa”, “Falsificación de documento privado”, “Falsedad ideológica” y “Tráfico de influencias agravado”. Todos son delitos que, según las averiguaciones del fiscal de Villa Mercedes, Federico Baquioni Zingaretti, la pareja habría cometido para recuperar casi 19 millones de pesos que la Justicia le había secuestrado a una familia que era investigada por lavado de dinero.

El fiscal le pidió al juez federal Juan Carlos Nacul citar a indagatoria a los sospechosos y el magistrado hizo lugar a lo solicitado.

Las averiguaciones por las que la pareja terminó imputada comenzaron a raíz de un secuestro que la Policía de Buena Esperanza hizo el 8 de julio de 2020.

Ese día, cuando regían las restricciones para evitar la propagación de coronavirus, el personal de la Comisaría 19ª interceptó tres camionetas en las que viajaban los miembros de una familia.

Cuando los efectivos les preguntaron de dónde venían, les respondieron que del límite con la provincia de Córdoba. Dijeron que habían viajado a comprar un campo, pero como no lograron cerrar la transacción, regresaban con el dinero.

La esposa del abogado, también escribana, está acusada de insertar una declaración falsa en la escritura de venta de un campo.

Los policías revisaron los vehículos y les hallaron 18.670.000 pesos, armas de fuego y municiones, detallaron los voceros de la fuerza en aquel entonces.

La familia fue llevada a la comisaría de Buena Esperanza y, cerca de las 22, se presentó su abogado. El letrado, ahora imputado, intercedió para la liberación de sus clientes.

Indagarán en Villa Mercedes a un abogado y a una escribana por estafas

Así inició una causa penal en la Justicia ordinaria, que luego declinó su competencia en la Federal por considerar que los sospechosos habían incurrido en el delito de lavado de activos.

Más tarde, la Justicia Federal “tomó conocimiento de que el abogado le habría solicitado dinero a la familia investigada para lograr la restitución de la suma que les fue incautada”, precisaron fuentes del Ministerio Fiscal. Tras esa revelación, tres de esos familiares denunciaron al abogado por tráfico de influencias.

El letrado fue imputado, entonces, por haberles pedido dinero “con el objeto de hacer valer indebidamente influencia” ante el juez que intervenía en la causa por posible lavado de activos y evasión tributaria.

De hecho, cuando la familia fue apresada en julio de 2020, el abogado se presentó en la comisaría porque era esposo de la escribana que intervino en la operación de compraventa del campo y se ofreció a asesorarlos “para evitar que su pareja tuviera inconvenientes por su papel como escribana”.

Al poco tiempo, el profesional del derecho se reunió con algunos integrantes de la familia y les pidió plata para pagarles a dos personas de San Luis para ejercer “indebidamente influencia sobre el juez a cargo de la causa y obtener la devolución del dinero incautado”.

El letrado fue imputado, además, por “orquestar la confección de un escrito judicial para obtener la restitución del dinero incautado, el cual estaba fundado en premisas falsas y avalado por prueba ilegítima”, como el contrato de compraventa de un equipo de riego falso, que nunca existió, con su correspondiente constancia de recibo de dinero en actuación notarial, también falsa. Agregó a esas presentaciones contratos privados de la venta de otros lotes de la familia a la que representaba.

Las averiguaciones de la fiscalía de Villa Mercedes determinaron, por otro lado, que la esposa del letrado insertó una declaración falsa en la escritura de la venta del campo ubicado en La Candelaria. La mujer habría consignado que la operación se hizo por 4 millones de pesos cuando, en verdad, lo fue por casi 20 millones. La profesional también indicó que la parte vendedora recibió el dinero antes del acto notarial cuando, en realidad, la cancelación de la compraventa fue con dinero en efectivo y en presencia de la acusada.

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