La exdirectora del Molino Fénix es investigada por la desaparición de bienes y el presunto desvío de recursos públicos.
La denuncia judicial que involucra a Anabela Lucero comenzó a tener frutos esta mañana, y es que se ordenaron allanamientos simultáneos en una denuncia que se hizo a principios de este año delitos contra el Estado.
Todo comenzó cuando el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla llevó adelante una investigación, y dispuso auditorias contables y legales en la Casa de la Música y el Molino Fénix. El resultado fue un sinnúmero de irregularidades, y eso dio lugar a una presentación en la Justicia que hizo la conducción del complejo.
La ex legisladora es sospechosa porque administraba políticamente el lugar, junto al actual diputado Joaquín Beltrán, que es la pareja, y fue el director del complejo hasta el cambio de Gobierno.
Beltrán, el hermano de ella, Enzo Lucero (jefe de Eventos), Exequiel Alberto Scarel (coordinador de la Casa de la Música) y Diego Emanuel Torres (coordinador de Teatro) figuran en la denuncia como sospechosos de cometer los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.
Desde entonces la causa está en manos del fiscal José Olguín, e interviene el juez Santiago Ortiz.
Según trascendió, se están requisando al mismo tiempo siete propiedades, entre ellas están la casa de Anabela Lucero, en el barrio 500 Viviendas, y un salón de eventos.
Lo que está buscando la Justicia son los elementos electrónicos que fueron robados de la Casa de la Música unos días antes de que asumiera la nueva gestión.
La acusación sostiene que dentro de las irregularidades detectadas a partir del 10 de diciembre está “el vaciamiento de las instalaciones” y expone el faltante de equipos y mobiliarios.
La denuncia expuso con imágenes las situaciones más graves detectadas el 8 y 9 de diciembre del año pasado, cuando en una camioneta Toyota Hilux y un Citröen Berlingo que tenía a disposición el Complejo, “se cargaron innumerables equipos de la Casa de la Música saliendo por el portón de calle Pueyrredón, con destino a un taller de montajes industriales Tecmetal SRL, ubicado en colectora sur, kilómetro 696 de la Autopista de las Serranías Puntanas”.
Ese predio, de acuerdo a la presentación, era comúnmente usado por Beltrán “para depositar mercadería y elementos que fueron repartidos durante la campaña electoral”, ya que el lugar le pertenecería a un amigo.
La acusación incluye el testimonio de los empleados que eran “obligados” a trasladar los alimentos hasta la sede partidaria de Lucero, ubicada sobre calle Pringles, frente al Frigorífico Quickfood. En ese momento era la candidata por el oficialismo a intendenta en las elecciones que ganó Maximiliano Frontera.
De acuerdo a la documentación, el 9 de diciembre, Beltrán y Scarel llegaron al complejo sorpresivamente y “de manera agresiva” le solicitaron las llaves de los estudios de grabación a un empleado. Antes “desconectaron el sistema de cámaras” para que no quedara registrado ningún movimiento. Así fue que comenzaron a “cargar equipos sin ninguna justificación”.
Pudieron acreditar que faltaba una consola de sonido, cajas lanza humo, equipos de lanza papel picado, torres de sonido e iluminación. Hay fotos que muestran que “cargaron una mesa de vidrio con 12 sillas y sillones varios”.
Cuando Lucero “estaba refaccionando su casa, ella y su familia se instalaron a vivir en las suites y habitaciones” que tiene el lugar y que están destinadas para hospedar a los artistas, consta también en la denuncia.