Irregularidades detectadas en el cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

El fiscal federal Guillermo Marijuan ha presentado una solicitud al Ministerio de Capital Humano para dar de baja a 2,954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), quienes, según registros migratorios, no residen en Argentina, lo que representa un costo mensual de $449.341.802 millones para el Estado. Esta medida surge como parte de una investigación sobre posibles irregularidades en el cumplimiento de los requisitos de residencia establecidos por la ley 27.260.

El fiscal identificó casos en los que los beneficiarios de la PUAM abandonaron el país sin regresar, contraviniendo los requisitos legales de permanencia. Esto se suma a otros 7,512 casos bajo investigación por mantener “intervalos fuera del país por más de 60 días”. Marijuan ha solicitado la suspensión inmediata de las pensiones correspondientes, instando a las autoridades a evaluar cada caso individualmente.

La ley 27.260, promulgada durante el gobierno anterior, establece requisitos estrictos para acceder y mantener la PUAM, incluida la residencia en Argentina. La normativa indica que los beneficiarios deben ser ciudadanos argentinos o extranjeros con una residencia legal mínima en el país. Además, no deben estar recibiendo otras prestaciones contributivas, como jubilaciones o pensiones, ni la Prestación por Desempleo.

La investigación revela una variedad de situaciones entre los beneficiarios detectados, lo que requiere un análisis detallado. Algunos abandonaron el país hace más de tres meses, período que marca el límite para la suspensión del beneficio según la ANSES. La Justicia ahora se enfrenta al desafío de determinar quiénes estaban retirando los fondos anuales de $5.842.000.000 de personas que no residen en Argentina, así como identificar cualquier complicidad por parte de funcionarios públicos.