El Gobierno argentino anuncia la eliminación de la cédula azul y reformas profundas en los registros automotores, reduciendo costos y trámites.
El Ministerio de Justicia anunció recientemente una serie de cambios drásticos en el sistema vehicular argentino, con la eliminación de la cédula azul y una serie de medidas destinadas a simplificar trámites y reducir costos. Desde el inicio del mandato del actual Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se ha llevado a cabo una auditoría exhaustiva en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), lo que ha llevado a estas decisiones transformadoras.
La eliminación de la cédula azul, anunciada oficialmente a través de un comunicado del Ministerio, implica que a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio argentino mostrando la cédula verde del titular del automóvil, ya sea en formato físico o digital. Esta medida busca simplificar los requisitos para circular y reducir la burocracia asociada con el sistema vehicular.
Además de la eliminación de la cédula azul, el comunicado del Gobierno detalla una serie de reformas adicionales:
- Cierre del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la eficiencia.
- Reducción del 30% del personal en la Dirección de Registros Automotor, mediante un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, buscando una estructura más ágil y eficiente.
- Eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA), eliminando así la obligación de reportar la venta de vehículos a la AFIP, simplificando el proceso para los ciudadanos.
- Eliminación del vencimiento de todas las “cédulas verdes”, eliminando así la necesidad de renovación periódica de este documento.
- Digitalización completa de los legajos de los vehículos para crear un registro digital único y completo, eliminando los legajos físicos y optimizando el espacio y la gestión de documentos.
- Implementación de un régimen de concursos transparentes para evitar la contratación de personas con cargos políticos recientes, garantizando la idoneidad y experiencia en la actividad privada para los puestos relevantes.
- Digitalización de la verificación policial de vehículos en colaboración con autoridades provinciales y fuerzas federales, modernizando y agilizando este proceso.