Medidas de fuerza del gremio estatal ante despidos desatan tensiones con el Gobierno de Milei.

El Gobierno, liderado por el presidente Javier Milei, se enfrenta a un creciente conflicto con el gremio estatal, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tras la baja de al menos 15.000 contratos de trabajadores estatales. Esta medida, parte de un plan de reducción del gasto público, provocó el rechazo y la amenaza de tomas en edificios públicos por parte de ATE.

En respuesta a esta situación, se anunció un refuerzo en la seguridad de los organismos públicos y la aplicación del protocolo antipiquetes. Este movimiento busca prevenir las tomas y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, está a cargo de la reducción de la planta estatal, basándose en un informe presentado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Este informe busca auditar a los empleados estatales para verificar su función, actividad y asistencia, como parte de los esfuerzos por optimizar la eficiencia del Estado.

Además de las bajas de contratos, se anunciaron recortes en la planta permanente de organismos como Télam, AySA, INCAA y ANSES, así como la eliminación de instituciones como el INADI y el INAFCI. Estas medidas, aunque polémicas, son vistas por el Gobierno como necesarias para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia del Estado.

Frente a las amenazas de tomas por parte de ATE, el presidente Milei advirtió que no tolerará acciones ilegales. A través de un mensaje en redes sociales, afirmó su compromiso con el orden público y dejó claro que cualquier intento de ocupación será enfrentado legalmente.

Por su parte, desde ATE se confirmó la intención de llevar a cabo ingresos masivos en los organismos públicos afectados por los despidos. Además, se convocó a un plenario federal con más de 1000 delegados para definir la continuidad de las medidas de fuerza.