Una mujer de Coronel Moldes, Córdoba, fue la primera Argentina en denunciar a AstraZeneca por los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19.
La controversia desatada por los “efectos secundarios raros” de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus en población europea llegó a la Argentina. Una ciudadana cordobesa presentó la primera denuncia en el país contra el laboratorio anglo-sueco por sufrir un síndrome que, aduce, se desató luego de aplicarse la dosis durante la pandemia.
Se trata de Flavia Ochoa, de 39 años, oriunda de la localidad de Coronel Moldes, a quien se le diagnosticó síndrome de Guillain Barré con cuadriparesia.
La demanda que presentó asciende a los 100 millones de pesos, y recayó tanto sobre la farmacéutica multinacional y como contra el Estado argentino. Fue presentada la semana pasada en el Juzgado Federal de la localidad cordobesa de Río Cuarto, a cargo de Carlos Ochoa, y constituye la primera causa de ese tipo en el país.
Su denuncia es el eco de las que se precipitaron en el Reino Unido y varios países de Europa contra AstraZeneca. El escándalo llegó al punto de que el laboratorio se vio obligado a retirar su vacuna del mercado europeo, y progresivamente del resto del mundo.
Según su relato, Flavia se colocó la tercera dosis de la versión de Astra de la vacuna contra la covid el 4 de enero de 2022 en su ciudad de origen. Horas después, sintió fuertes calambres y debilidad en las piernas, síntomas a los que interpretó como “efectos secundarios” de la vacunación.
La causa detalla el número de lote de vacunas, el nombre del enfermero que se la aplicó, la hora en que fue atendida y los momentos en que hizo consultas médicas frente a la sintomatología posterior.
Siempre según su relato, los médicos le dijeron que podría tratarse de una alergia temporal a la vacuna pero el problema continuó. Le diagnosticaron esteroides y medicamentos para atacar las inflamaciones.
Luego de varios estudios le fue diagnosticado un síndrome de Guillain Barré, un trastorno que afecta al sistema nervioso, genera hormigueo en las extremidades y puede derivar en una debilidad muscular y hasta en parálisis.
Ochoa es madre de un niño de 5 años y trabajaba en una panadería. “Ahora hago pocos pasos con andadores. Dependo todo el tiempo de los demás”, le contó a la prensa local.
Llevó su reclamo hasta el Ministerio de Salud y el Defensor del Pueblo de la Nación, pero no habría obtenido respuestas. Fue por eso que planteó su caso en los tribunales federales. Lo que exige es que se le cubra el tratamiento.
“Yo vivía de mi trabajo. Curarme, no me voy a curarme. Quiero un aval para el tratamiento y vivir”, puntualizó.
Su demanda responde a varios ítems. Pide poco más de 100 millones de pesos por los siguientes conceptos: 7,4 millones (incapacidad sobreviviente); 25,3 millones por el fondo de reparación Ley 27.573; 9,3 millones por pérdida de chances de un proyecto de vida; 7,5 millones por daño moral; 1,5 millón por daño moral de la pareja; 49,5 millones por daño punitivo; 180 mil pesos por daño emergente.
En la causa contó que “jamás” fue informada sobre los efectos adversos de la vacuna. “Tampoco de los riesgos /beneficios de la inoculación; no hubo un verdadero consentimiento de mi parte, solamente nula información y coacción”, aseguró.