El Gobierno argentino sigue con su política de reducción de gastos, clausura dos instituciones y elimina puestos de trabajo.
El Gobierno argentino liderado por el presidente Milei continúa con su política de reducción de gastos y optimización del aparato estatal. En esta ocasión, se anunció el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, medidas que implicarán el despido de 900 empleados públicos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que estas decisiones se basan en una revisión de datos desalentadores que evidenciaron la ineficiencia y el derroche de recursos en ambas instituciones. Anteriormente, el Gobierno había desmantelado otros organismos como el INADI y la agencia estatal de noticias Télam, en un esfuerzo por contener el gasto público.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, creado durante la gestión de Alberto Fernández, se encontraba bajo la dirección de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico. Este anuncio surge en un contexto marcado por denuncias de fraude a la administración pública contra Pérsico, quien es acusado de favorecer a organizaciones afines con millonarios subsidios provenientes del Estado.
La nueva administración, liderada por Milei, expresó su compromiso con la transparencia y la eliminación de intermediarios en el reparto de ayuda social. Esto llevó al recorte de fondos destinados a organizaciones civiles, como los movimientos piqueteros, que no están bajo el control del Poder Ejecutivo.
La denuncia reciente contra Pérsico destaca su presunta utilización indebida de fondos estatales para beneficiar a organizaciones vinculadas al Movimiento Evita, del cual él es líder. Se argumenta que estos fondos, destinados a la ayuda social, causó un daño patrimonial al Estado al ingresar en el patrimonio de dichas organizaciones.
