Datos revelados muestran la abrumadora carga procesal y los montos que enfrenta la administración pública en juicios.

El Estado argentino se encuentra sumido en una crisis judicial sin precedentes, con más de 34 mil juicios en trámite y demandas millonarias que desafían su estabilidad financiera y administrativa. Accediendo a datos exclusivos sobre la revisión integral de la administración pública, se reveló un panorama desolador, donde la Justicia es la cartera más afectada, con expedientes resonantes como los relacionados con el plan Qunita y Ciccone Calcográfica.

La auditoría ordenada por el gobierno de Javier Milei a mediados de diciembre de 2023 tenía como objetivo principal verificar la cantidad de juicios en trámite en los organismos del Estado nacional. Los resultados fueron alarmantes: los ministerios, excluyendo entidades como ANSES o AFIP, enfrentan más de 34 mil juicios, con casos que datan de diferentes períodos y se tramitan en juzgados federales de diversos ámbitos.

Los ministerios más afectados incluyen Jefatura de Gabinete, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Cancillería, Ministerio de Justicia, entre otros. Destacan demandas millonarias, como la de la empresa DHT S.A. contra la Secretaría de Comunicaciones por US$ 298 millones o la de Fasano SRL contra el Ministerio de Salud por $6.597.752.187, relacionada con el plan Qunita.

Pero no solo se trata de la abrumadora cantidad de juicios, sino también de las irregularidades encontradas en los fondos fiduciarios bajo la supervisión de los ministerios y organismos oficiales. Fondos sin auditar desde 2012, posibles conflictos de intereses y fideicomisos que desvían más dinero a gastos administrativos que a su propósito original, conforman una especie de caja negra de la política.