Dante Rafael Churquina fue condenado por abuso sexual en Villa Mercedes, pero desde la celda lideraba una banda narco.
Muchas personas conocen a Dante Rafael Churquina por los negocios “turbios” que tenía en Villa Mercedes, el último lugar donde vivió. Tenía una panadería hasta que la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que le hizo su esposa (en octubre de 2019) lo llevó al Servicio Penitenciario Provincial N° 1. Lo condenaron el 3 de junio de 2022 a una pena de 6 años y dos meses de prisión.
Dentro de la celda, rápidamente montó una “oficina”. Una ruta de la droga llevó a la Justicia Federal hasta el calabozo de Churquina investigado como el líder de una banda narco. En la noche del 31 de agosto de 2023 allanaron su lugar de detención.
Nada de eso lo podría haber logrado sin la complicidad de dos agentes penitenciarios: el subdirector Mario Ojeda (a quien le concedieron la prisión domiciliaria) y el jefe de la Unidad 1, Jorge Orozco (ambos acusado de recibir dádivas para que se lleven adelante estos delitos). También está encarcelado el empresario villamercedino, Daniel Becher. Los demás implicados son Efraín Cortez, Lorena Ramallo, Lucrecia Valdés, Javier Martiraña y Milagros Selene Inzirilo.
Allí, el hombre nacido en Mendoza (su padre es de Bolivia y su madre de Jujuy), tenía estupefacientes, cinco celulares, una notebook, pagarés, cannabis, documentación, anotaciones de pagos e itinerarios.
Para la Justicia “coordinaba la adquisición y el traslado de droga” desde la ciudad de Villazón, Bolivia, hasta Villa Mercedes y San Luis capital. Por esta causa puede enfrentar una pena de entre 10 a 15 años.
Está procesado por “organizar y financiar el delito de transporte de estupefacientes y de posterior comercialización, a su vez agravado por intervenir en su comisión tres o más personas organizadas”. Es acusado de administrar, convertir, transferir y poner en circulación en el mercado el dinero proveniente del contrabando-importación de estupefacientes desde Bolivia o transporte interprovincial, distribución y comercialización en la provincia de San Luis.
Churquina solicitó en dos oportunidades Hábeas Corpus, primero a la Justicia provincial y después a la Justicia Nacional, pero le fueron rechazados. Las resoluciones especificaron que tiene todas las condiciones necesarias para llevar adelante su condena y proceso en San Luis.
El 13 de marzo de este año fue trasladado a la cárcel Pampa de la Salinas (Complejo Penitenciario N° 2) porque le volvieron a encontrar celulares y una agenda de contactos, según trascendió.
En ese lugar tiene atención médica, inclusive asiste a un odontólogo privado, por fuera de la penitenciaria, por su ortodoncia. También recibe asistencia psicológica, alimentos y ropa. La celda está en condiciones. En el último tiempo viene atentando contra su persona. Su familia lo visita y tiene garantizada las comunicaciones telefónicas controladas como todos los presos bajo las normas vigentes.
Estando allí en varias requisan le han secuestrado celulares e incluso una computadora.
En los últimos días Ángeles (la mujer que lo mandó preso) dio a conocer públicamente que Churquina inició una huelga de hambre, se cosió la boca y se autoinfligió lesiones (“se cortó el cuello”).
“Lo tienen encerrado en el calabozo las 24 horas y no tiene los beneficios de un preso común”, se quejó.
Las acusaciones se dan en medio de muchos cambios que está llevando adelante el ministerio de Seguridad. Antes de que terminara esta semana les secuestraron a los internos de la Penitenciaría 650 celulares. Ese fue el resultado de un operativo que se inició hace 6 meses. También se conoció la adquisición de un nuevo escáner de seguridad de rayos X para el Complejo Penitenciario de la ciudad de San Luis. (CH)