Fiscal argumentó que el caso debe ser resuelto por la Justicia provincial.

La Procuración General de la Nación emitió un dictamen en relación con la causa del crimen de Romina Aguilar, ocurrido en enero de 2016, donde se ha sostenido que la Corte Suprema de Justicia no debe intervenir en el caso. Esta opinión surge como respuesta al planteo impulsado por la defensa de Diego Lorenzetti, en el cual se buscaba la suspensión de un segundo juicio hasta que se resolviera una primera presentación sobre la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que anuló la absolución del viudo.

La fiscal Laura Mercedes Monti, en representación del Ministerio Público de la Procuración General de la Nación, argumentó que la resolución del caso debe darse en el ámbito de la Justicia de San Luis, provincia en la que se desarrolla el proceso. Monti destacó que la solicitud de la defensa de Lorenzetti no tiene fundamento para la intervención de la Corte Suprema, ya que el caso no reviste un carácter federal ni versa sobre una materia civil.

El recurso presentado por el abogado de Marcos Juárez buscó la revisión de una sentencia definitiva dictada por un tribunal provincial, en un proceso que Monti consideró ajeno al conocimiento del Tribunal Supremo. La fiscal subrayó que las resoluciones de los tribunales provinciales, dentro de su competencia, no pueden ser revisadas por los tribunales nacionales, salvo en casos excepcionales y mediante los mecanismos legales establecidos.