Enterró a su suegra en el patio y siguió cobrando su jubilación ahora podría afrontar cargos por fraude

La macabra historia tomó estado público al conocerse que el hombre solicitó el acta de defunción de la anciana un año después de haberla enterrado clandestinamente en su vivienda. Aunque los indicios apuntan a una muerte natural, la Justicia evalúa si hubo delito de defraudación y posible abandono de persona.

El caso de Jorge Gaguini, quien reconoció haber enterrado a su suegra en el patio de su vivienda en el barrio privado Estación Conlara (sobre la ruta provincial N° 5), ha generado gran conmoción en la provincia. La historia se destapó cuando el mismo Gaguini compareció días atrás ante la justicia para solicitar el acta de defunción de Blanca Provenza, de 90 años, quien había fallecido un año atrás.

La sorprendente confesión del hombre llevó a un operativo policial y judicial, en el que se halló el cuerpo de la anciana en la zona señalada. Según el fiscal de Instrucción N°1, César Hugo Salazar Molina, todo indica que la muerte se habría producido por causas naturales.

Sin indicios de violencia, pero con otras sospechas

Durante los primeros peritajes, el médico forense de la Tercera Circunscripción, Gustavo Lafourcade Durán, no encontró signos de lesiones que apuntasen a un homicidio. “En principio, pareciera que no hubo ningún tipo de indicio de violencia respecto de la muerte”, declaró Salazar, añadiendo que el estado avanzado de descomposición del cuerpo dificulta precisar la causa real del fallecimiento. Se espera que el lunes por la tarde esté listo el informe final de la autopsia, mientras que los restos permanecen en la morgue de Concarán.

El fiscal explicó que, si se confirma el deceso natural, no se configuran delitos penales por el hecho de enterrar el cuerpo sin dar aviso, sino que se trataría de “una falta administrativa”.

Defraudación a la ANSES y posible abandono de persona

Sin embargo, Gaguini admitió —en declaraciones al portal Reporte San Luis— que continuó cobrando la jubilación de la anciana durante este año. “Uno de mis errores fue seguir percibiendo el dinero”, reconoció. Sobre este punto, Salazar indicó que, de comprobarse el cobro indebido de haberes, se abriría la posibilidad de una “defraudación” que compete a la justicia federal.

Además, el yerno relató que la mujer “estuvo tres días agonizando” sin recibir asistencia médica y que no la llevó al médico por no percatarse de la gravedad de su estado. Ante esta circunstancia, la Justicia provincial analiza “si cabría la figura de abandono de persona”, pues no proveerle cuidado sanitario podría configurar un delito penal.

El testimonio de Gaguini

“Fue natural la muerte, estuvo tres días en agonía, la cuidé lo mejor que pude, pero tampoco me di cuenta de llevarla al médico; otro error”, expresó el hombre, justificando su accionar aludiendo a que la señora presentaba demencia senil. También aseguró que se vio imposibilitado económicamente para afrontar gastos de sepelio.

“Lo cierto es que no tenemos ninguna evidencia más allá de lo que el señor relata. Debemos esperar los exámenes forenses, que determinarán si es creíble la versión de la agonía sin asistencia”, mencionó Salazar.

Próximos pasos en la causa

De confirmarse el fallecimiento natural y sin indicios de violencia, la atención se enfocará en el posible abandono de persona —si demuestran que la anciana requería cuidados urgentes— y la defraudación a la ANSES, si efectivamente Gaguini continuó cobrando la jubilación de su suegra. “Si se acredita la defraudación, la causa se deriva a la Justicia Federal”, aclaró el fiscal.

Por el momento, el hombre no está detenido, pero sigue vinculado al proceso judicial mientras se esclarecen estos aspectos. El testimonio forense resultará clave para dirimir si la anciana murió sin asistencia médica que pudo haberle salvado la vida o si, en cambio, nada pudo revertir el desenlace natural. Mientras tanto, el inusual caso genera debate sobre la responsabilidad familiar ante personas mayores y la necesidad de denunciar cualquier fallecimiento a las autoridades competentes, evitando así el ocultamiento y complicaciones legales.

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