Desestimaron una apelación para que Oses, uno de los detenidos por el crimen de Zoe Pérez en la Toma, recupere la libertad así quedó firma la prórroga de que extendió el encarcelamiento de ambos imputados por 120 días más.
El Tribunal de Impugnación fijó para este martes a las 9:30 una audiencia en el marco de la causa por el homicidio de Zoe Pérez en La Toma. Había sido requerida por la defensa de Leandro Oses, Miguel Ángel Orozco tras un recurso de apelación sobre la medida de coerción.
Oses y Adrián Rodríguez están imputados por el asesinato de la adolescente de 17 años, que en la mañana del 20 de febrero fue encontrada sin vida en el departamento que alquilaba “El Gringo”. Con ambos había sido vista por última vez.
El 19 de junio, el juez de Garantía, Marcos Flores Leyes resolvió prorrogar por cuatro meses el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y la prisión preventiva de ambos acusados. A esto último había apelado Orozco.
En la audiencia de este martes, el letrado debía exponer los fundamentos ante el Tribunal integrado por Jorge Sabaini Zapata, Laura Molino y Yanina Del Viso. Sin embargo, no se presentó.
Tras una espera de más de 20 minutos, la fiscal de la causa, María del Valle Durán, solicitó que se declare el desistimiento debido a que no compareció el defensor. En la misma línea se pronunció el abogado de la familia de Zoe, Esteban Bustos.
En este sentido, los jueces declararon desierto el recurso de apelación debido a la inasistencia sin justificación del recurrente, enmarcada en el segundo párrafo del artículo 285 del Código Procesal Penal y quedó confirmada la decisión de Flores Leyes.
“Justamente hoy veníamos a sostener la decisión del juez, ya que además de los riesgos procesales que continúan vigentes, resta aún recabar alguna evidencia y estamos esperando todavía informes. Puntualmente, dos pericias muy importantes y todavía algunos testimonios de testigos”, explicó Durán.
En declaraciones, dijo que los imputados deben permanecer en el Servicio Penitenciario para “cautelar toda esa producción de evidencia” y por “el riesgo para la víctima, que acá es la familia” de Zoe.
Respecto a lo que resta de la IPP, la fiscal tuvo en cuenta que “es una causa compleja, donde hay una víctima triplemente vulnerable por ser mujer, por ser menor, por ser del círculo íntimo de los imputado”.
Sumó a eso las demoras que debieron enfrentar por las medidas de fuerza de los trabajadores judiciales: “El ministerio Público Fiscal estuvo literalmente sin empleados durante el paro, o sea, paro total”.
“Teniendo en cuenta eso, que ingresan en la fiscalía mi cargo unas 100 denuncias promedio mensuales, estando de turno todo el mes, creo que en cinco meses, junto con la querella, hemos recabado muchísima evidencia y no queda mucho tiempo, pero necesitamos ese plazo porque son pocas las pericias que quedan”, sostuvo.
Por su parte, Bustos transmitió que la familia de Zoe “se encuentran totalmente conformes con la investigación que se está llevando, están muy conformes con todo lo que se les va informando al respecto y tienen conocimiento exacto y pleno de absolutamente todo”.