La fiscal Daniela Torres fue denunciada por retener y entregar de forma incompleta $473.020 incautados en un allanamiento. Fue apartada de la causa y enfrenta acusaciones de falsear información durante audiencias.
La fiscal Daniela Torres , de Villa Mercedes, quedó en el centro de la polémica tras ser denunciada por irregularidades en la custodia de $473.020 secuestrados durante un allanamiento. La denuncia fue presentada ante el Procurador General de la Provincia, Luis Martínez , y el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados , además de notificarse al Tribunal Superior de Justicia. La funcionaria fue apartada de la causa, y se solicitaron investigaciones adicionales debido a su accionar.
El origen del caso
El caso comenzó el 16 de octubre, cuando el juez Matías Farinazzo Tempestini ordenó la devolución del dinero secuestrado en un procedimiento en la vivienda de María Lorena Rodríguez , madre de dos hombres investigados por delitos. Rodríguez había solicitado la restitución del efectivo al sostener que era de su propiedad y no estaba relacionada con los hechos imputados a sus hijos, Alejandro Rodríguez y Facundo Sosa. Según explicó, los fondos provenían de una pensión, un préstamo y los ingresos del Plan de Inclusión Social.
Irregularidades en la devolución del dinero
Durante la audiencia del 16 de octubre, Torres aseguró que el dinero estaba depositado en una “cuenta judicial de Procuración” , pero una verificación posterior reveló que tal cuenta no existía. Pese a los reiterados pedidos del juez y de la defensa de Rodríguez, la fiscal no cumplió con la orden de devolver la totalidad de los $473.020 . El 29 de octubre, finalmente se entregó una suma inferior, $455.000 , en la Comisaría 29º . Rodríguez denunció que además recibió otros elementos secuestrados, como seis celulares y una tableta, pero aseguró que uno de ellos estaba desarmado.
En su declaración, Rodríguez relató las dificultades para recuperar el dinero, mencionando que fue enviado varias veces entre la fiscalía y la comisaría sin obtener respuestas claras. El 23 de octubre, el fiscal le indicó que el dinero estaba en la Comisaría 29º, pero allí le informó que era “imposible” que estuviera en ese lugar. Finalmente, la noche del 29 de octubre, Torres llegó a un móvil policial y entregó la suma incompleta en la parte trasera del edificio.
Denuncias contra la fiscal
El juez Farinazzo Tempestini advirtió que la fiscal Torres incurrió en al menos dos graves incumplimientos: no resguardar el dinero conforme a lo establecido por la ley y mentir durante una audiencia judicial al asegurar que los fondos estaban en una cuenta judicial inexistente. Además, pareció que su accionar afectó el debido proceso, los derechos de Rodríguez y la confianza en la administración de justicia.
Torres presentó disculpas ante el juez, atribuyendo su conducta a “un día de estrés” ya las condiciones laborales adversas, como la falta de aire acondicionado en la sala de audiencias. Sin embargo, reconoció que “manifestó dichos que no eran ciertos” durante la audiencia y sostuvo que fue un error involuntario producto del cansancio.
Ante la gravedad de los hechos, el juez resolvió apartarla de la causa principal, que investiga a los hijos de Rodríguez, y solicitó la designación de otro fiscal. Asimismo, ordenó su denuncia formal ante el Procurador General , el Jurado de Enjuiciamiento y otras instituciones, como el Superior Tribunal de Justicia , para evaluar posibles delitos de acción pública y la eventual remoción de Torres.
Repercusiones y medidas
El juez también solicitó que se investigue la participación de policías de la Comisaría 29º en las irregularidades, dado que Torres sostuvo que parte del dinero estaba bajo su custodia. Estas declaraciones fueron posteriormente desmentidas.
Por último, Farinazzo Tempestini calificó el procedimiento de la fiscal como “contrario a la ley” , destacando que buscó favorecerse mediante afirmaciones falsas en una audiencia judicial y que incumplió sus deberes como funcionarios públicos. El caso genera expectación en el ámbito judicial de San Luis, mientras se esperan definiciones del Procurador General y del Jurado de Enjuiciamiento sobre la situación de Torres.