Treinta y seis fiscales federales expresaron su preocupación frente a la decisión de Luis Petri de desmantelar el área del Ministerio de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura
En una nota remitida al procurador interino Eduardo Casal, los representantes del Ministerio Público dijeron que la falta de relevamiento y análisis de los archivos que están en poder de las Fuerzas Armadas irá en desmedro de las causas por crímenes de lesa humanidad.
El 27 de marzo pasado, el Ministerio de Defensa echó a diez de los trece expertos que integraban los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental. Los equipos habían sido creados en 2010, durante la gestión de Nilda Garré, después de que Cristina Fernández de Kirchner desclasificara la documentación sobre el período 1976-1983. Su conformación perseguía un objetivo claro: contribuir con las investigaciones por crímenes contra la humanidad, que se habían reabierto definitivamente después del fallo Simón de la Corte Suprema en 2005.
Los ERyA funcionaron durante los gobiernos de CFK, Mauricio Macri –aunque mermados– y Alberto Fernández. Petri, después del 48º aniversario del golpe, decidió desmantelarlos. Públicamente dijo que lo hacía porque eran un “grupo parajudicial” orientado a hacer “macartismo” dentro de las Fuerzas Armadas. Además, deslizó que no sabía a quiénes respondían sus integrantes –todos profesionales civiles–. A este diario, voceros de Petri le dijeron que estaban haciendo una auditoría porque, según su entendimiento, los equipos se dedicaban a perseguir a familiares de personalidades públicas como el padre de Victoria Villarruel, el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel.
La determinación de desarmar los equipos fue repudiada por organismos de derechos humanos, así como por legisladores de Unión por la Patria y del FIT.
La novedad es que se sumaron ahora los fiscales que impulsan las causas por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Fueron 36 magistrados los que le hicieron llegar una nota a Casal y el procurador interino la envió a Defensa, junto con un listado de información que la cartera que conduce Petri aún adeuda.
“La documentación relevada y suministrada a la Justicia por los Equipos, el aporte a su interpretación así como el de los reglamentos, las prácticas burocráticas y la operación regular de las Fuerzas Armadas, han sido esenciales para el desarrollo de las investigaciones, fundamentar las acusaciones y las sentencias”, dice la nota.
“Queremos destacar el compromiso y profesionalismo de sus integrantes en la tarea asignada durante todos estos años”, añaden los fiscales en línea contraria a lo que ha dicho Petri públicamente. En declaraciones al diario Clarín, el ministro había sostenido que en catorce años de existencia se les conocen únicamente seis informes a los equipos. Por el contrario, los fiscales hicieron llegar una lista de aportes en distintas causas que incluyen desde el Plan Cóndor, los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la Contraofensiva montonera e incluso el Hogar Casa de Belén.
“La pérdida de tal instrumento estatal redundará en desmedro irremediable para la labor judicial y, especialmente, en la de los magistrados del Ministerio Público Fiscal que intervenimos en la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país”, resaltaron. En el texto, sugieren que se le pida a Petri que reconsidere su decisión.
La nota lleva las firmas de Pablo Parenti, Pablo Ouviña, Adolfo Villatte, Carlos Amad, Martín Suárez Faisal, Agustín Chit, Indiana Garzón, Alejandro Alagia, Miguel Blanco García Ordas, Diego Vigay, Miguel Palazzani, Flavio Ferrini, Marcelo García Berro, Federico Carniel, Dante Vega, Nuria Piñol, Esteban Bendersky, Carlos Gonella, Pablo Camuña, Leonardo Filippini, Gonzalo Miranda, Daniel Rodríguez Infante, Ana Oberlin, Félix Crous, Francisco Maldonado, Eduardo Villalba, Hernán Schapiro, Laura Mazzaferri, Leandro Ardoy, Álvaro Baella, Federico Reynares Solari, Juan Murray, Marcelo Obetko, Josefina Minatta, Ricardo Álvarez y el fiscal ante Casación Javier de Luca.
Después de que se difundieran los despidos, el fiscal Palazzani –a cargo de las investigaciones de lesa en Neuquén y Bahía Blanca– había enviado un oficio a Defensa para pedir que se preserve la prueba. Lo curioso es que Palazzani terminó con un llamado de atención de Casal. La carta pone en evidencia que no era sólo Palazzani quien estaba preocupado por cómo repercutirá la decisión de Petri en las investigaciones en curso.
“Celebramos la presentación de los 36 fiscales en defensa de los equipos que investigan los crímenes de la dictadura. Todos los poderes del Estado deben garantizar el Nunca Más”, dijeron desde Abuelas de Plaza de Mayo tras la difusión de la nota de los integrantes del Ministerio Público.
Hay presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el desmantelamiento de los equipos. Estas iniciativas fueron motorizadas por la diputada Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. Por el momento, los tribunales argentinos no dieron acogida favorable a los amparos presentados por querellantes para impedir que se desarme el área.
Desde que llegó a Defensa, Petri se hizo eco de los reclamos de la familia militar más rancia. Hizo la vista gorda ante un homenaje que le rindieron en un regimiento de Apóstoles, Misiones, al represor Horacio Losito –con tres condenas por crímenes contra la humanidad en su haber–. Ante una consulta de este diario sobre si la cartera tenía algo para comentar, sus voceros contestaron con el envío de una nota de este medio que decía que Losito estaba en libertad condicional. La modalidad de cumplimiento de la pena no significa que no esté condenado por secuestrar, torturar, asesinar, desaparecer y demás tropelías. Desde la gestión Garré está en vigencia una resolución que impide rendir honores a quienes estuvieron involucrados en el terrorismo de Estado o atentaron contra el orden constitucional.
Petri, además, dijo que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas” por su accionar durante los años ‘70 en un evento que se llevó a cabo en el Círculo Militar. En ese mismo encuentro, se fotografió con Cecilia Pando, conocida hace 20 años por reclamar la libertad de los genocidas. En la fotografía estaba también Laura Renés, esposa de Claudio Pasqualini, el jefe del Ejército de Macri que actualmente es el número dos de Petri en Defensa. Laura Renés es hija de Athos Renés, condenado a perpetua por la Masacre de Margarita Belén.
Petri, además, envió a funcionarios de su ministerio a la Unidad 34 de Campo de Mayo para reunirse con genocidas presos. Entre otros, se entrevistaron con Mario Sandoval y Julio Simón –represores de la Policía Federal– y con Juan Daniel Amelong, el represor que fue presentado como “víctima” por Villarruel en el debate con Agustín Rossi. La interlocución con los sectores que impugnan el proceso de verdad y justicia parece evidente, aunque desde Defensa lo niegan. Uno de los represores que despotricó públicamente contra los ERyA fue Horacio Luis Ferrari, el marino que está actualmente en juicio por crímenes cometidos en la ESMA.
