El fiscal formuló cargos contra la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez por malversación de caudales y fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros delitos. Firmará el libro de imputados durante cuatro meses, no podrá salir de la provincia y le inhibieron los bienes.
La ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, se enfrenta a una serie de cargos formulados por el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, por presunta malversación de fondos y fraude contra la administración pública. Esta acusación marca un hito al convertirse en la primera ex funcionaria del gobierno de Alberto Rodríguez Saá en enfrentar formalmente cargos por corrupción, en relación con actos ocurridos durante la gestión anterior.
Durante una audiencia esta mañana ante el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, el fiscal presentó los cargos contra Ramírez por cuatro delitos: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de fondos, incumplimiento de deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.
Como medidas cautelares, el fiscal solicitó que Ramírez firme el libro de imputados durante cuatro meses, que se le prohíba salir de la provincia durante el mismo período y que se le incauten sus bienes hasta el final del proceso judicial.
La investigación se centra en la presunta conducta de Ramírez durante su desempeño en múltiples roles durante el gobierno anterior, incluyendo su cargo como secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deporte y del San Luis Fútbol Club (SLFC). Se sospecha que pudo haber utilizado recursos estatales en beneficio personal.
Assat Alí basó su acusación en diversos aspectos, incluyendo el nombramiento de Ramírez en la secretaría de Deportes en marzo de 2022, la creación del Ente Deporte un mes después, y las transferencias de fondos estatales al SLFC. Se argumenta que estas acciones, aunque aparentemente legales, encubrían un esquema destinado a favorecer intereses personales sobre el bien público.
En relación con las transferencias al SLFC, se investigaron 276 transferencias realizadas entre 2022 y 2023 por un total de $166 millones. Según el fiscal, estos fondos se utilizaron para gastos relacionados con el club, como viandas y transporte, con recursos gestionados por la secretaría de Deportes.
Además, se destaca una última acción delictiva en la que Ramírez y las jugadoras del club solicitaron un subsidio al gobierno provincial para la compra de un colectivo. Según la investigación, hubo irregularidades en el proceso de compra, incluyendo un posible sobreprecio en la adquisición del vehículo.
En su presentación, el fiscal enfatizó la importancia de mantener la integridad en la función pública y advirtió sobre el conflicto de intereses que surgió de los múltiples roles desempeñados por Ramírez durante su gestión. Además, señaló la gravedad de los delitos imputados, que podrían resultar en un embargo millonario si se dicta una condena.
La querella, representada por el abogado Santiago Calderón Salomón, respaldó la acusación del fiscal, subrayando la importancia de abordar la corrupción en el ámbito público y animando a la ciudadanía a denunciar este tipo de conductas.
En respuesta a las acusaciones, la defensa de Ramírez, a cargo de los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio, cuestionó la legitimidad de la formulación de cargos y negó las irregularidades señaladas por la fiscalía.
Tras una extensa audiencia, el juez Marcos Flores Leyes rechazó las solicitudes de nulidad y prisión preventiva, otorgando al fiscal 120 días para continuar con la investigación. Durante este tiempo, Ramírez deberá cumplir con las medidas cautelares impuestas por el tribunal, incluida la firma mensual en el libro de imputados y la prohibición de salir de la provincia.